El anuncio de las primeras privatizaciones del gobierno de Javier Milei ha despertado inevitablemente comparaciones con las reformas estructurales implementadas durante la década de los 90 por Carlos Menem. Aunque ambos procesos comparten ciertas similitudes en su orientación ideológica y objetivos declarados, también presentan diferencias clave marcadas por los contextos históricos, económicos y tecnológicos en los que se desarrollan.
A continuación, un análisis detallado que compara ambos momentos históricos en Argentina, destacando puntos de convergencia y divergencia en las privatizaciones como política económica.
Un contexto político y económico global diferente
En los años 90, las privatizaciones de Menem se enmarcaron dentro del llamado Consenso de Washington, una corriente neoliberal que promovía la liberalización económica, la desregulación y la apertura de mercados. En ese contexto, organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial respaldaban este tipo de reformas como una condición para el acceso a financiamiento externo. Argentina, con una hiperinflación reciente y un aparato estatal considerado ineficiente, adoptó estas políticas con el objetivo de estabilizar la economía y atraer capital extranjero.
Por el contrario, el gobierno de Milei emerge en un escenario económico global donde el neoliberalismo ya no domina como paradigma. La pandemia y las tensiones geopolíticas han fortalecido la idea de un Estado más activo en países desarrollados, especialmente en sectores estratégicos como salud, tecnología y energía. Sin embargo, Milei propone un regreso a un modelo de mínima intervención estatal, presentando sus privatizaciones como un intento de desregular la economía en un momento de profunda crisis fiscal y alto endeudamiento.
Similitudes: objetivos y narrativa económica
- Reducción del déficit fiscal
Tanto en los 90 como ahora, las privatizaciones son justificadas como una vía para aliviar las cuentas públicas. En el caso de Menem, empresas estatales deficitarias como ENTEL (telecomunicaciones) y SOMISA (siderurgia) fueron vendidas para eliminar sus pérdidas recurrentes. En el caso de Milei, la idea es similar: reducir el peso de las empresas estatales en el presupuesto nacional, aunque su foco inicial parece estar en sectores como transporte y energía. - Atracción de inversiones extranjeras
Durante los 90, las privatizaciones se presentaron como una oportunidad para atraer capital internacional y modernizar infraestructuras clave. Algo similar plantea el gobierno actual, que espera que la venta de activos estatales incentive a grandes empresas a invertir en el país, aunque ahora el desafío será superar la desconfianza de los mercados tras décadas de inestabilidad económica. - Liberalización del mercado
Ambos procesos comparten una narrativa en favor de la libre competencia como motor de eficiencia y desarrollo. Sin embargo, especialistas señalan que en los 90, muchas de las privatizaciones resultaron en monopolios privados regulados, lo que limita las mejoras esperadas para los consumidores. La capacidad del actual gobierno para evitar este error será crucial para evaluar el impacto real de las reformas.
Diferencias clave: tecnología, sociedad y regulación
- El entorno tecnológico
En los años 90, la revolución digital apenas comenzaba, y sectores como telecomunicaciones o energía enfrentaban desafíos distintos. Las privatizaciones de ENTEL y SEGBA (electricidad) buscaban modernizar servicios que funcionaban con tecnologías obsoletas. Hoy, en cambio, los avances tecnológicos permiten modelos más eficientes y descentralizados, como las redes inteligentes (smart grids) en energía o el uso de inteligencia artificial en logística y transporte.Según analistas, el desafío para el gobierno de Milei será garantizar que las privatizaciones se alineen con estas tendencias, evitando que los activos pasen a manos de empresas que no inviertan en la modernización tecnológica necesaria.
- El entramado social
La sociedad argentina de los 90 estaba atravesando un momento de transición, con una economía recién estabilizada tras la hiperinflación y un optimismo inicial hacia las reformas. Sin embargo, las privatizaciones también generaron un alto costo social, incluyendo despidos masivos y el aumento de tarifas en servicios esenciales, lo que contribuyó a un aumento de la desigualdad.En el contexto actual, el país enfrenta una crisis social más aguda, con niveles de pobreza superiores al 40%. Expertos en economía social advierten que el impacto de las privatizaciones podría ser aún más pronunciado si no se implementan mecanismos de contención para los sectores vulnerables.
- El marco regulatorio
Una de las mayores críticas a las privatizaciones de los 90 fue la falta de un marco regulatorio sólido que evitara abusos por parte de los nuevos operadores privados. El gobierno de Milei, que aboga por una mínima intervención estatal, enfrenta un dilema similar: cómo garantizar que las empresas privatizadas ofrezcan servicios de calidad y precios justos sin incurrir en prácticas monopólicas.
Lecciones del pasado: ¿repetir o innovar?
Los especialistas coinciden en que, si bien las privatizaciones pueden generar mejoras en ciertos sectores, su implementación debe aprender de los errores del pasado. Entre las recomendaciones más frecuentes se encuentran:
- Diseñar licitaciones transparentes para evitar denuncias de corrupción, que marcaron las privatizaciones de los 90.
- Asegurar un marco regulatorio eficiente, que promueva la competencia y proteja a los usuarios finales.
- Establecer un plan de transición laboral que contemple la reconversión de trabajadores desplazados, evitando impactos sociales desmedidos.
