El presidente Javier Milei oficializó este lunes la disolución de la Administración General de Puertos (AGP), mediante el Decreto 3/2025 publicado en el Boletín Oficial. Este organismo, encargado de gestionar el puerto de Buenos Aires y, en los últimos años, la hidrovía del río Paraná, será reemplazado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), un ente autárquico dependiente del Ministerio de Economía.
La decisión convierte a la AGP en la segunda empresa estatal cerrada durante la actual administración, tras la liquidación de Trenes Argentinos Capital Humano en octubre de 2024. Según el Gobierno, la AGP había incrementado su estructura administrativa de manera desproporcionada respecto a sus funciones, lo que motivó su eliminación.
Nuevo rol de la ANPYN
La flamante Agencia Nacional de Puertos y Navegación asumirá de manera temporal la concesión de la vía navegable troncal del Paraná hasta que se concrete una nueva licitación. Posteriormente, su rol será fiscalizar y controlar las operaciones de la hidrovía, ya sea directamente o a través de terceros.
El Decreto 5/2025 también designó a Iñaki Miguel Arreseygor como director ejecutivo de la ANPYN, con rango de secretario de Estado. Arreseygor, quien previamente se desempeñó como subsecretario de Puertos y Vías Navegables, liderará la transición hacia el nuevo modelo de gestión.
La importancia estratégica de la hidrovía del Paraná
El cierre de la AGP ocurre en un momento crítico para el comercio exterior argentino. Por la hidrovía Paraná-Paraguay, de 3.400 kilómetros de extensión, transita el 80% de las exportaciones del país, incluidas las de granos y derivados. Este corredor conecta a Argentina con Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, siendo clave para el transporte de bienes hacia los mercados internacionales.
La licitación para el dragado y balizamiento de la vía, un proyecto valuado en 9.000 millones de dólares, ha generado gran interés internacional. Sin embargo, las nuevas normativas excluyen a empresas estatales como la china Shanghai Dredging Co., priorizando la participación de firmas privadas. Entre los principales competidores figuran compañías europeas como Jan de Nul, DEME Group y Boskallis, reconocidas por su experiencia en grandes obras de infraestructura.
Un cambio en la política portuaria
Desde 2021, cuando venció la concesión original de la hidrovía, la AGP asumió su administración mediante un esquema que involucró a siete provincias y ocho ministerios. Este modelo, según el Gobierno, presentó problemas de coordinación y eficiencia, lo que derivó en la subcontratación de tareas a operadores históricos como Jan de Nul y Emepa.
La disolución de la AGP marca un cambio de rumbo en la política portuaria argentina, en línea con las reformas estructurales impulsadas por la gestión de Milei. El nuevo esquema busca garantizar mayor transparencia y competitividad en la administración de una de las infraestructuras más estratégicas para el comercio exterior del país.
Con esta decisión, Argentina busca optimizar el potencial económico de la hidrovía, fortaleciendo su posición en el comercio internacional y apostando por un modelo de gestión más ágil y eficiente.
