La administración de Javier Milei concretó la primera privatización de su gestión al vender la metalúrgica IMPSA a la estadounidense Arc Energy por 27 millones de dólares. El traspaso, anunciado este martes, se enmarca en la política de déficit cero impulsada por el Gobierno, que busca reducir el tamaño del Estado y sanear sus cuentas públicas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la operación, destacando que la venta permitirá a IMPSA continuar su actividad bajo un esquema de economía de mercado. “La decisión de desprendernos de estas acciones responde a la necesidad de no seguir destinando recursos públicos a empresas privadas, alineándonos con nuestro objetivo de déficit cero”, sostuvo la Secretaría de Comercio en un comunicado.
Arc Energy adquirió el 85% de las acciones que estaban en manos del Estado nacional y de la provincia de Mendoza. Aunque la empresa arrastra una deuda de casi 600 millones de dólares, el consorcio estadounidense busca aprovechar su experiencia en el sector energético para integrar a IMPSA en su unidad de negocios.
IMPSA, una empresa centenaria especializada en turbinas hidroeléctricas, molinos eólicos y grúas, emplea actualmente a 720 trabajadores. La compañía compradora se comprometió a refinanciar la deuda con los acreedores antes del 31 de enero, paso necesario para formalizar la transferencia de acciones.
Un anuncio esperado, pero condicionado
Tras varios meses de negociaciones y demoras, el pasado 7 de enero se preadjudicó la metalúrgica mendocina IMPSA al holding ARC Energy, compuesto por capitales venezolanos y norteamericanos. Este paso fue celebrado tanto por el presidente Milei como por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Según miembros de la Comisión Evaluadora, la oferta de ARC Energy, que incluye un aporte inicial de 27 millones de dólares, cumple con los criterios de idoneidad financiera y asegura la continuidad operativa de la empresa.
El proceso, sin embargo, no está exento de desafíos. ARC Energy deberá renegociar una deuda de 576 millones de dólares que pesa sobre IMPSA antes de que el traspaso de acciones pueda considerarse definitivo. Además, el contrato final solo será efectivo tras obtener el aval de los acreedores, una tarea que podría extenderse hasta finales de marzo.
Un ícono de la industria en el centro del debate
Fundada en 1907 en Mendoza, IMPSA se consolidó como un símbolo de la industria nacional, alcanzando su mayor apogeo en los años 80, cuando exportaba tecnología a más de una decena de países. Sin embargo, la empresa sufrió una grave crisis financiera desde 2014, que la llevó a ser rescatada por el gobierno de Alberto Fernández en 2021. Desde entonces, generaba pérdidas mensuales cercanas a los cinco millones de dólares, según datos oficiales.
El proceso de privatización ha generado opiniones divididas. Mientras el Gobierno de Milei lo presenta como un paso esencial para sanear las finanzas públicas, sectores de la oposición y sindicatos advierten sobre el impacto en el empleo y la pérdida de control sobre sectores estratégicos.
Privatizaciones como eje central
La venta de IMPSA marca el inicio de una serie de privatizaciones previstas en la agenda del presidente Milei, quien ha hecho de la reducción del déficit fiscal una prioridad absoluta. Aunque la ley prohíbe la privatización de empresas como YPF, el Congreso otorgó al Ejecutivo mayor margen para avanzar en la venta de activos estatales no estratégicos.
El desafío ahora radica en asegurar que el proceso de privatización sea transparente y no profundice las desigualdades sociales, un aspecto que será clave para evaluar el éxito de esta política en el corto y mediano plazo.
