La Comisión Europea (CE), bajo fuerte presión por la proximidad del invierno boreal y las divisiones en el bloque, formuló hoy propuestas para enfrentar los aumentos de precios de la energía con una reforma del mercado de gas que será debatida entre los Estados miembro el jueves y viernes próximo en Bruselas.
La propuesta del órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE) de imponer un tope al precio de la energía, provocó divergencias y nuevas propuestas para alcanzar un consenso, que serán examinadas estos jueves y viernes en una cumbre de jefes de Gobierno del bloque, informó la agencia de noticias AFP.
La iniciativa presentada hoy plantea reformar el mercado de gas denominado TTF (Title Transfer Facility), que sirve de referencia para las transacciones de los operadores europeos.
De acuerdo con los anuncios, se creará -como máximo en marzo de 2023- un índice alternativo más representativo de la situación actual.
Hasta que el nuevo índice se defina y adopte, la comisión impulsa la implementación de un rango de precio «dinámico» para impedir lo que llamó «precios extremados».
Además, planteó medidas para hacer realidad las compras de gas en bloque, para obtener mejores precios para la reposición de las reservas antes del invierno boreal de 2023.
Esta iniciativa busca evitar que los Estados de la UE alimenten la subida de precios compitiendo entre ellos, como hicieron en el último verano boreal llenando sus reservas al mismo tiempo.
«Sabemos que la demanda de energía de Europa es muy grande, por lo que es lógico que, en lugar de competir entre sí, los Estados miembros (de la UE) y las compañías energéticas aprovechen su poder adquisitivo conjunto», declaró la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen.
En marzo pasado, los miembros del bloque habían dado luz verde a una plataforma de compra común, pero no se concluyó ninguna transacción y los países continuaron negociando por su cuenta.
Hoy, la comisión propuso establecer un «acuerdo estándar» que garantice que cualquier país en situación de emergencia «recibirá gas de otros Estados miembros» a cambio de una «compensación justa».
Con esto, busca autorizar a los Estados del bloque a tomar medidas excepcionales para reducir el consumo de los «clientes protegidos», término legal que engloba a hogares, hospitales y pymes.
Los países que se reunirán en Bruselas el jueves y viernes están de acuerdo (con la excepción de Hungría) en la necesidad de intervenir el mercado energético y evitar que los ciudadanos y las empresas abonen facturas exorbitantes, pero el cómo hacerlo divide al bloque.
Una posición mayoritaria, respaldada por 15 estados miembro, quiere adoptar un precio tope a todo el gas importado a la UE, sin importar si proviene de Rusia o de otro mercado, si llega por gasoducto o por barco, como es el caso del gas natural licuado.
Otro grupo encabezado por Alemania solamente quiere que el máximo se aplique al suministro que llega desde Rusia, con el argumento de que es mejor pagar más a poner en riesgo los contratos con otros proveedores, que podrían volver a redireccionar el suministro a países en los que no exista un techo.
Un punto intermedio, propuesto por Italia, Polonia, Bélgica, Países Bajos y Grecia, es establecer un tope a todo el gas, pero que pueda adecuarse a las fluctuaciones que impone el mercado con su juego de la oferta y la demanda.
